El pasado 22 de febrero, la PAH (Plataforma de afectados por las hipotecas) cumplió 10 años de su constitución.
Merece sin duda un homenaje y unas palabras de reconocimiento la labor altruista de miles de personas que se han solidarizado y se solidarizan aún hoy por una causa justa como ésta.
La crisis inmobiliaria en España, como describe Andreu Missé en un artículo reciente de
la Marea, ha pasado por cuatro etapas: antes de la crisis de 2008, una venta masiva de inmuebles con una política irresponsable de los bancos, avalada por nuestros dirigentes políticos. La segunda etapa, tras la crisis, una ola de desahucios de millones de familias, la mayoría sin poder hacer frente a los pagos por estar en desempleo. La tercera etapa, la venta de paquetes inmuebles a inversores internacionales a precios de saldo, los llamados fondos buitre. Y la última etapa, en la que nos encontramos ahora, los fondos buitre venden a personas físicas (intermediarios y agentes
inmobiliarios) que debido a sus menores dimensiones no tienen obligación
de ofrecer vivienda social a los desahuciados.
Se siguen produciendo en torno a 184 desahucios diarios en nuestro país. Detrás de cada uno hay un drama familiar en muchas ocasiones, estigmatizado, invisibilizado...
Lamentablemente, estos desahucios no son solo en viviendas hipotecadas, sino también, sobre viviendas en alquiler.
La aprobación del
RD-Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler pactado este mes de marzo entre el Gobierno y
Unidas Podemos ha sido recibido por los movimientos sociales con esperanza, tal y como señala un artículo reciente de
El Diario.
Sin embargo, la contención de los precios se antoja insuficiente, como siguen reivindicando los movimientos sociales, ya que el alquiler sigue sin ser una opción de vida estable. Unidas Podemos estuvo luchando hasta último momento ante de la convocatoria de elecciones, ya que el citado RD
no faculta a comunidades y ayuntamientos a limitar las subidas de precios de alquiler entre contrato y contrato.
"Las familias sufrían hasta ahora la angustia añadida de no saber en qué momento
puede aparecer un dispositivo policial casi militar para sacarles de
casa por la fuerza", señalan fuentes del citado diario digital, cuestión que ha mejorado algo acabando con los desahucios "sin fecha ni hora", que ahora se preavisaran adecuadamente.
Otro punto positivo, aunque con matices, es el que
atañe a los honorarios en las operaciones de formalización de los
contratos. A partir del decreto, tal y como era la opción de los
movimientos, van a ir a cargo de los propietarios personas jurídicas y
no de los inquilinos. Pero a su juicio esto debería extenderse a todo
tipo de arrendadores, independientemente de su naturaleza.
Por tanto y en resumen, se han dejado sin resolver el realojo de las familias vulnerables, el control de precios de los
alquileres y la penalización de las viviendas vacías de grandes
propietarios. En este sentido, ya se habían
pronunciado los movimientos por la vivienda digna. Y después del 28D, seguiran las negociaciones, si los resultados electorales lo permiten.
